Chile enfrenta un momento determinante para su futuro ambiental con la apertura de la consulta pública del Anteproyecto de Actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP). Sin embargo, para avanzar de forma efectiva hacia la meta de neutralidad de carbono, resulta urgente corregir una traba de origen: el Artículo 5°, letra c) de la Ley Marco de Cambio Climático, que prohíbe otorgar incentivos estatales a plantaciones forestales monoespecíficas. Esta restricción, que desconoce la realidad económica de los pequeños y medianos propietarios de terrenos forestales, obstaculiza una de las medidas de mitigación de los gases de efecto invernadero más costo-efectiva que tiene el país.

Desde PEFC Chile participaremos activamente en esta consulta pública proponiendo una solución pragmática e integradora: permitir el fomento estatal a estas plantaciones de monocultivos siempre que se realicen aplicando buenas prácticas ambientales, como las definidas en esquemas de certificación de gestión forestal sostenible reconocidos internacionalmente. Unir el incentivo público a la exigencia de prácticas sostenibles permite conciliar la viabilidad económica de los pequeños y medianos propietarios con las garantías de conservación ambiental que el Estado exige resguardar.

Esta corrección resulta indispensable para cumplir la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que compromete forestar 200.000 hectáreas al 2030, de las cuales 100.000 pueden destinarse a uso forestal productivo. Según el estudio MAPS-Chile (Informe de Síntesis, Fase 2, 2014), la forestación es una de las medidas de mitigación de mayor impacto y costo-efectividad ($/tonelada de CO₂ capturada), donde algunas especies de rápido crecimiento destacan por su capacidad de captura acelerada y la generación de productos madereros durables que fijan carbono a largo plazo.

La racionalidad del propietario y la evidencia empírica

Para que cualquier política pública de forestación funcione, se requiere un elemento indispensable: que el dueño del terreno quiera forestar. Más de cuatro décadas de evidencia empírica sobre el comportamiento de los propietarios de suelos de aptitud forestal entregan lecciones claras:

Sin bonificación no hay cambio de uso de suelo: Entre 1974 y 1997, el DL 701 impulsó la forestación de 952.000 hectáreas en terrenos erosionados. Tras el término de dicho incentivo, la tasa de forestación se desplomó drásticamente a niveles mínimos históricos.

La lógica económica del propietario: Aunque el DL 701 llegó a ofrecer el doble de subsidio por forestar con especies nativas, casi ningún propietario optó por forestar más de 5 hectáreas con ellas debido a los plazos de retorno e incertidumbre de mercado.

Dada la estructura de costos y las exigencias del mercado, la decisión racional de un pequeño o mediano propietario es optar por especies de rápido crecimiento con un canal comercial conocido. Pretender un diseño de fomento que ignore la economía rural está condenado a la ineficacia.

La propuesta de cambio

El veto normativo del Artículo 5° letra c) mantiene paralizada la meta de las 100.000 hectáreas productivas. Por esta razón, la actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo debe ir acompañada de una indicación legal concreta. Proponemos reemplazar la frase restrictiva “Los lineamientos no incentivarán la plantación de monocultivos forestales” por el siguiente texto propositivo:

“Los lineamientos podrán incentivar la plantación de monocultivos forestales cuando se desarrollen aplicando buenas prácticas de gestión forestal, definidas en esquemas de certificación de gestión forestal sostenible reconocidos internacionalmente.”

La certificación forestal (como el sistema PEFC) constituye una verdadera infraestructura institucional de confianza. Garantiza técnicamente la protección de suelos y cursos de agua, la conservación de la biodiversidad circundante, la prevención y control de incendios y el respeto por las comunidades locales. Unir el fomento estatal a la certificación de sostenibilidad permite conciliar la racionalidad económica del propietario con las más altas exigencias ambientales del Estado.